Francisco de la Cerda: Breve análisis de la situación fisca

Las cifras publicadas de ejecución presupuestaria de julio dejaron dudas respecto al cumplimiento de los compromisos fiscales para este año. En términos de variación real anual, los ingresos fiscales crecieron por segundo mes consecutivo, conducido principalmente por el alza de la recaudación de la minería privada, pero con una caída de los ingresos tributarios no mineros y de la recaudación por impuesto a la renta (más ligado al desempeño de la actividad).

Esta recuperación no fue suficiente para revertir el mal desempeño de los primeros cinco meses, con lo que la recaudación acumuló una caída de -3,7% hasta julio. De hecho, con lo acumulado en lo que va del año, los ingresos fiscales deberán crecer un 25% (nominal) entre agosto y diciembre para alcanzar lo proyectado por el gobierno, lo cual luce como un desafío difícil de alcanzar ante una economía en lenta recuperación.

Por su parte, el gasto público creció +5,9% en julio, acumulando un alza de +6,4% entre enero y julio. Así, un ajuste por el lado del gasto también será necesario. Esto es algo que ya ha evaluado el Ministerio de Hacienda, quienes habían anunciado un recorte de ~0,5% del PIB. Lo positivo de este anuncio fue que el ajuste de presupuesto se concentrará en pago de bienes y servicios públicos y pago de empleados públicos antes que en inversión pública, lo cual sería menos costoso en términos políticos, pero con un mayor impacto en el crecimiento económico. Además, el Ministerio de Hacienda confirmó su meta de déficit de -1,9% del PIB para este año. Sin embargo, las recientes cifras dejan dudas respecto a la posibilidad de que esto se logre.

Hacia adelante, el gobierno proyectó un déficit estructural de -1,1% del PIB en 2025 y de -0,5% de 2026 en adelante, lo cual consideran que será suficiente para una estabilización de la deuda pública en niveles levemente inferiores a 41% del PIB. Sin embargo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) considera que será necesario un balance estructural (0% del PIB) para contener la tendencia al alza de la deuda pública.

Más allá de los resultados que se alcancen en 2024, los activos del Tesoro se han reducido a la mitad en los últimos dos años. Esto, aunado al deterioro fiscal y político-institucional, ha llevado a que la clasificación de riesgo soberano haya sido rebajada en dos notchs desde 2017 por parte S&P, Moody’s y Fitch, respectivamente.

Pese a todo, Chile se mantiene con una clasificación A (“alto nivel de calidad crediticia”), sustentado en la responsabilidad en el manejo de las cuentas fiscales y la solidez institucional. Si bien ambos factores se han venido deteriorando en el tiempo, el punto en el que nos encontramos es adecuado para retomar la senda que resultó exitosa para mantener condiciones financieras favorables tanto para el Fisco como para las empresas. Las cuentas fiscales se encuentran en una buena posición comparativa, pero la tendencia es preocupante y podríamos estar mejor.