Francisca Medeiros: ¿Puede el sector financiero resolver problemas sociales?

El sector financiero, junto con el objetivo de maximizar las ganancias de sus inversionistas, puede y debe desempeñar un papel crucial en la solución de diversos desafíos sociales. La inversión de impacto trae nuevos mecanismos financieros que buscan generar tanto retornos económicos como beneficios sociales y ambientales. Uno de los más innovadores son los bonos de impacto social, herramienta que en Chile se conoce como Contrato de Impacto Social (CIS) y tiene el potencial de transformar la manera en que abordamos problemas sociales complejos.

Estos permiten a inversionistas financiar proyectos sociales con la expectativa de obtener retornos económicos basados en el éxito logrado. En este modelo, se provee el capital inicial para programas que abordan problemáticas en educación, vivienda y otros. Si los proyectos alcanzan los resultados previamente establecidos, medidos por un evaluador independiente, los pagadores reembolsan a los inversionistas su capital junto con una rentabilidad.

En un Contrato de Impacto Social participan cuatro actores: pagadores, proveedores de servicios, inversionistas y un evaluador. Los pagadores pueden ser gobiernos, fundaciones filantrópicas, empresas y organizaciones internacionales. Son ellos quienes determinan qué resultados se quieren alcanzar, cómo se medirán y cuánto están dispuestos a pagar por ellos. Los proveedores de servicios son organizaciones sin fines de lucro con un historial probado en ejecución de programas sociales efectivos, y se encargan de implementar las soluciones a los problemas definidos. Los inversionistas aportan el capital inicial para la ejecución de esos programas, asumiendo el riesgo financiero con la expectativa de que, si estos tienen éxito, recuperan su inversión y reciben un premio por el riesgo asumido. El evaluador mide y reporta periódicamente los resultados de los programas.

El primer bono de impacto social nació en Reino Unido en 2010, enfocado en bajar la reincidencia entre los exreclusos. En 2022, se lanzó en Chile el primer CIS público-privado a través del Fondo de Inversión con Impacto en Educación, desarrollado por la Corporación Bien Público y LarrainVial Asset Management. Este modelo permite que 70 aportantes provean capital para financiar programas que mejoran la asistencia escolar y promueven habilidades lectoescritoras en 17.000 estudiantes de contextos vulnerables. Los programas son implementados por cinco fundaciones con amplia experiencia en educación. Los resultados se miden periódicamente por un evaluador independiente y ya se han efectuado pagos por parte de los pagadores (gobierno regional, municipalidad, empresa y fundaciones donantes).

En este contexto, es importante destacar el rol de los Contratos de Impacto Social, ya que ofrecen una esperanza renovada para abordar algunos de los problemas sociales más persistentes y complejos de nuestro país. Al permitir que el sector financiero se involucre activamente en la resolución de estos problemas y al fomentar la colaboración público-privada, estamos abriendo la puerta a nuevas oportunidades de innovación y eficiencia que impactan positivamente a nuestra sociedad. Es hora de que miremos al sector financiero no solo como un motor económico, sino también como un agente de cambio social.

*Columna de Francisca Medeiros, Gerente de Sostenibilidad LarrainVial, publicada en ESGHOY.